INMIGRACIÓN EN CANARIAS Y GLOBALIZACIÓN

Las migraciones internacionales intensivas y en ocasiones violentas, son el resultado de la combinación cada vez más compleja de factores económicos, políticos y sociales, donde la mundialización como característica que cubre a todos estos factores esta sustentado en la búsqueda de los beneficios al menor costo, lo que ha podido subordinar a las sociedades del planeta a la lógica del mercado.

 

El incentivo para procurar un cambio de residencia está relacionado con las expectativas de lograr un mayor grado de bienestar, que en buena medida, se identifica con la posibilidad de vivir y trabajar en países desarrollados. El mantenimiento de las diferencias salariales y de renta constituyen un terreno abonado para que prosperen los movimientos de trabajadores. La mejora en las condiciones de información, comunicación y transportes, que han favorecido el proceso de globalización son también factores importantes en la toma de decisiones migratorias.

 

La magnitud y complejidad de los procesos migratorios en el siglo XX, así como su impacto tanto para los países emisores como para los receptores, ha alcanzado una dimensión sin precedentes en la historia. Abordar el análisis de los factores que determinan los desplazamientos de población, tanto forzosos como voluntarios, es cada vez más complejo. Es preciso tener en cuenta que existen factores de toma de decisiones individuales y procesos de interacción social.

 

Vamos a tomar como base para esta comunicación las características de los flujos humanos y no los procesos de decisión individual. De esta forma se interpreta la migración como respuesta a un juego de fuerzas atracción/ expulsión, incluyendo variables de muy diversos tipos cuya interacción generan estos procesos. Dichas variables incluyen las demográficas, producto por habitante, posibilidad de empleo y mejores salarios, así como la proximidad y facilidad de acceso entre países económicamente desiguales.

 

Elementos tales como el bajo crecimiento demográfico o el envejecimiento, la elevada renta per cápita y la garantía de estabilidad político- social suponen factores de atracción. Factores como la presión demográfica, el subdesarrollo económico y las estructuras políticas corruptas pueden favorecer las migraciones. El potencial migratorio se produce cuando la población activa es mayor que la demanda de trabajo y los niveles de vida no son elevados. Las expectativas del hecho migratorio se forman sobre la base de la información acerca de las diferencias de los ingresos, las condiciones de empleo entre países (condiciones laborales, tasas de paro, puestos de trabajo vacantes, etc.), la mayor posibilidad de acceso a recursos sociales y los costes de la emigración (económicos y psicológicos).

 

Existen otras variables que parecen ser particularmente importantes en la generación de las migraciones como es el aumento de la violencia armada en muchas situaciones, guerras o persecuciones, conflictos étnicos o raciales, degradación medioambiental y otros aspectos de la globalización.

 

Los mismos países occidentales que con frecuencia denuncian el incumplimiento de los derechos Humanos que cometen otros países, justificando así políticas intervencionistas, se olvidan de respetar muchos de sus artículos, entre otros el artículo 13, que recoge el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado, impidiendo que las personas inmigrantes puedan acogerse al espacio de libertad, seguridad y justicia que los países occidentales afirman querer construir. Valga como ejemplo el dato de que los países desarrollados han negado en los años 2000 y 2001 más de 5 millones de solicitudes de asilo, situándose España a la cabeza de estas limitaciones, ya que en el año 2001 concedió el Estatuto de Refugiado únicamente a 243 personas (desde la Reforma de la Ley de Asilo España a registrado una caída en picado en el número de solicitudes de asilo, junto a un notable aumento del número de solicitudes que ni siquiera son admitidas, que se sitúa en torno al 70 %).

 

Las previsiones en torno a la importancia de las migraciones internacionales apuntan a que la globalización económica impulsará en los próximos años las corrientes migratorias con origen en los países pobres y destino en los países del Norte, donde la estructura demográfica puede aconsejar también una política menos limitativa. Existen planteamientos que sostienen que la globalización es una falacia, que es sólo una parte del planeta la que realmente está dentro de una economía globalizada, y que un elemento tan fundamental como es la fuerza de trabajo no tiene las posibilidades de movimiento que si poseen los capitales y las mercancías.

 

Lo que queda claro es que Canarias sí se encuentra inmersa dentro del espacio globalizado lo que propicia, según María y Serrano, que se reciban elementos culturales exógenos que reúnen tres características:

 

•  Son mediados por la televisión o por internet

•  Son productos elaborados por empresas para un amplio mercado

•  Proceden de personas o culturas lejanas, o de una supuesta cultura global.

 

Canarias, como muchos otros territorios, se dirige hacia un “global totalitarismo” cultural y una vez más el paradigma dominante del capitalismo sale reforzado. En este contexto surgen las políticas restrictivas. Diversos partidos se hacen eco de esta situación y, aspirando a recoger el voto nacionalista, culpan al inmigrante de la pérdida de identidad. Son los partidos políticos y sus responsables los que apelan con frecuencia a un discurso nacionalista, tanto desde la perspectiva del nacionalismo canario como del español, cuando no claramente xenófobo, porque creen así conectar mejor con sus potenciales votantes, ofreciéndoles el disfrute privilegiado de los beneficios de sus hipotéticas políticas de bienestar y la salvación de una supuesta invasión.

 

Además, responsables políticos y medios de comunicación no se cansan de difundir una imagen falsa y delincuente de la inmigración y de los inmigrantes, responsabilizándoles de todos los males, peligros y delitos. También oímos con insistencia afirmaciones sobre el incremento de los inmigrantes y del peligro que ello supone, sin que se explique que Canarias es uno de las regiones europeas con menor tasa de inmigrantes extracomunitarios entre nuestra población y que la mayoría de los extranjeros proceden de regiones desarrolladas. Y este proceso de desinformación, de manipulación de conciencias, de promoción de actitudes xenófobas puras y duras es lento pero constante.

 

Los defensores de las políticas restrictivas tratan de conseguir un umbral de inmigración tolerable para las sociedades occidentales, aunque en la realidad son más numerosos los sectores económicos necesitados de una fuerza de trabajo cada vez más difícil de satisfacer con la población autóctona. Se buscan soluciones para que los inmigrantes sólo aparezcan cuando son necesarios, quedando mientras tanto en un país esquilmado del que importaremos productos con gran ventaja.

 

La propia sociedad Canaria viene demostrando que, cuando se ponen los medios adecuados, es capaz de integrar y asimilar a los inmigrantes con una normalidad que debería de avergonzar a más de un responsable político. Por si fuera poco, hay cada vez más estudios que apelan a la necesidad de contar con mayor número de inmigrantes en las sociedades europeas para que se mantenga el relevo generacional, y por lo tanto el estado del bienestar, ante un descenso generalizado de la natalidad. La ONU ha advertido a Europa de la necesidad de abrirse a la inmigración para mantener su crecimiento y proteger las pensiones. De hecho, según Eurostat, Europa necesita unos 44 millones de inmigrantes hasta el año 2050 para superar el desequilibrio demográfico.

 

En la búsqueda de mejor vida, los movimientos migratorios siempre han estado presentes en la sociedad canaria. Treinta años atrás, hasta 1.974, la falta de oportunidades internas provocaba la aparición de la emigración al exterior, y todavía en 1.999 se encontraban 37.500 canarios y canarias en el extranjero.

 

Flujo emigratorio canario entre 1962 y 1990

 

Fuente: Anuarios de Migraciones. Ministerio de Trabajo.

 

Durante el siglo XIX y las seis primeras décadas del siglo XX, Canarias presentaba una dinámica migratoria intensa dirigida al continente americano, tanto por la falta de recursos en el archipiélago, como por la oferta laboral externa. La década de los 70´ supone el cierre definitivo a un largo periodo de emigración. En las últimas décadas, ha cesado el flujo emigratorio y han cambiado las características del fenómeno. Entre 1951 y 1970 se registraron 67.981 salidas netas, frente a las 67.090 entradas que se observan entre 1971 y 1990.

 

Estos treinta últimos años se han caracterizado por:

 

•  El retorno de los emigrantes y sus familias

•  El incremento sostenido de llegada de peninsulares, que doblan su número entre los años 1966 y 1991.

•  El crecimiento de la población extranjera, con diversificación de los lugares de origen y de sus características socio- económicas.

 

En la actualidad, la región ofrece un panorama de inmigración moderada, debido a un asentamiento permanente de individuos basado en las tres corrientes nombradas.

 

En términos absolutos la población extranjera residente en la Comunidad Autónoma de Canarias ha crecido entre 1999-2000 en 10.412 personas, suponiendo para la provincia de Las Palmas un incremento de población extranjera del 31,79% mientras que para Santa Cruz de Tenerife ha supuesto un retroceso del 3,27%.

 

Canarias a 31 de diciembre de 2000 contaba con 77.594 personas extranjeras, lo cual supone el 4,35% de la población total, donde el 54,56% procede de Europa, situándonos como la quinta Comunidad Autónoma española con población extranjera.

 

Residentes Extranjeros según procedencia en Canarias

El caso canario muestra que el fenómeno de fijación de extranjeros se polariza cada vez más esencialmente hacia la provincia de Las Palmas, bastando decir que si a finales de 1999, Santa Cruz de Tenerife superaba a Las Palmas en 2.833 residentes (35.590 residentes en Santa Cruz de Tenerife frente a los 32.757 residentes de Las Palmas), a finales de 2000 esta situación se ha invertido, superando ahora Las Palmas en 8.744 residentes extranjeros a la provincia de Santa Cruz de Tenerife (43.169 residentes en Las Palmas frente a 34.425 en Santa Cruz de Tenerife.)

 

Variación por provincias de los residentes extranjeros

 

La procedencia de los extranjeros residentes en las islas es en su gran mayoría de los países de la UE., suponiendo para Canarias el 53,56% (41.564 ciudadanos comunitarios). Dentro de Canarias el porcentaje de ciudadanos comunitarios es mucho más elevado en la provincia de Tenerife, 64,14% (22.080 residentes de la U.E.), que en la provincia de Las Palmas, 45,13% (19.481 residentes de la U.E.).

 

El 17,22% de los extranjeros proceden de países iberoamericanos (13.362 residentes), con gran predominio de los cubanos (4.172 residentes, que representan el 21,77 % de los cubanos que residen en todo el estado), cuya presencia se viene reforzando en los últimos años, y bastante detrás los venezolanos (2.409 personas, el 30,17% de los que residen en España). Los cubanos más los venezolanos, por razones históricas de todos conocidas, representan en el final del año 2000 la mitad de los iberoamericanos residentes en Canarias.

 

Después de los anteriores el segundo grupo en importancia es el procedente de los países asiáticos, el 9,97% de los extranjeros (7.733 residentes), siendo la nacionalidad principal la hindú (3.447 censados, que constituye el 44,12% del total de hindúes residentes en España), seguida de la de República Popular China (1.812 residentes censados). Entre los hindúes, de viejo arraigo en estas islas, y los chinos absorben el 68% de la población asiática residente en Canarias. (Datos extraídos del O.P.I. Año 2000 y del Anuario Estadístico del 2000 del Ministerio del Interior)

 

 

Extranjeros residentes por regiones de procedencia

En relación con las migraciones interiores, tras el gran número de desplazamientos que se producen en la región en los años sesenta y setenta, asistimos en los últimos años a la disminución del éxodo rural hacia las ciudades y de los flujos entre islas. A su vez, se produce un incremento significativo de los desplazamientos dentro de las ciudades y entre ellas.

 

Con la expansión de las actividades turísticas y de la construcción, han aparecido focos de atracción de población en diversos municipios de las islas, que ya no se concentran sólo en las capitales insulares y su ámbito de influencia. Hacia estos nuevos lugares de desarrollo se dirige la mayor parte de la inmigración que procede ahora de la península y el extranjero.

 

La estrecha relación existente entre desarrollo turístico y aumento de la presión demográfica se puede observar si analizamos la evolución del aumento de población en las diferentes islas.

 

•  Las Palmas: 20,39%

•  Santa Cruz Tfe: 18,04%

 

Crecimiento de población por Islas en los últimos 10 años

 

Aquellas zonas con economías más expansivas y volcadas sobre el turismo de masas, en la década de los sesenta, son las que más han absorbido mano de obra exterior. Una cuarta parte de las personas procedentes de otras Comunidades Autonomas o del extranjero que llegaron a Canarias lo hicieron a las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Estas a su vez arrojan una proporción de turistas por habitante que triplica la media canaria.

 

La presencia de personas procedentes de otros países aún es reducida si la comparamos con otros territorios europeos, y su distribución no es homogénea, ya que se concentra en zonas geográficas muy concretas.

 

Pero estos datos, y otros muchos que nos resultan de gran ayuda para hacer una radiografía de las migraciones en Canarias, carecen de valor si intentamos analizar la capacidad de acogida de las islas. “Los límites de aceptación de personas extranjeras vendrán determinados en mayor medida por los medios que se ponen para atender las necesidades que tal hecho plantea. No hay que caer en el fatalismo de que las crisis generan inevitablemente la xenofobia y, mucho menos, que son las altas tasas de inmigración la que las provocan. Lo que alimenta la xenofobia es como se explican las crisis y los procesos sociales, y como se justifican los fracasos políticos. La competencia electoral en la que entran muchos grupos políticos intenta sacar partido de ideas de fácil difusión que permiten explicar que una determinada tasa de inmigración supone la superación de un hipotético umbral de tolerancia” . Tampoco en Canarias se genera más racismo donde hay más inmigrantes.

 

Si hay mas conflictividad en los barrios donde hay altas concentraciones de inmigrantes se debe a que también se dan otras realidades de exclusión o marginación social. El Ministerio del Interior, en el informe emitido en Febrero de 2002 sobre los delitos cometidos en España, intenta relacionar el aumento de la delincuencia con la llegada de personas inmigrantes. Si profundizamos en los datos que se extraen del informe se puede observar que en las dos provincias que recibieron mayor número de inmigrantes, Canarias y Almería, bajó el número de delitos cometidos.

 

Entendemos que la capacidad de carga de un territorio depende en mayor medida del sistema económico por el que se opta, una economía de consumo basada en un turismo de masas con una importante presencia del subsector de la construcción. Canarias es visitada anualmente por diez millones de turistas que ejercen una fuerte presión sobre el territorio.

Por lo tanto, ¿representan los 37.214 inmigrantes trabajadores un peligro en nuestra economía? Cuando cada uno ingresa a nuestra región sólo por cotizaciones a la seguridad social 910.000 Ptas. y en cambio tienen un gasto medio en sanidad, educación y desempleo de 96.962 Ptas. Cabe recordar, según datos del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales, que las cotizaciones de los trabajadores extranjeros no comunitarios a la Seguridad Social en Canarias, desde Enero de 1.995 hasta Agosto de 2.001, han ascendido a 3.949.145.630 Ptas.

 

Pero estos datos sirven para los extranjeros en situación administrativa regular. Queda claro que para aquellos inmigrantes que no poseen un permiso de trabajo la única alternativa es la ocupación en actividades en el sector de la economía sumergida (sin contrato, sin afiliación a la Seguridad Social y sin ningún tipo de derechos). No es ciudadano y carece por tanto de la facultad para ejercer una actividad laboral regulada. Se trata, en definitiva, de otro excluido más, lo que les sume en la privación de todos y cada uno de los elementos que conforman el modo normal en la vida del ciudadano medio y les convierten en usuarios perpetuos de las redes asistenciales de atención a los colectivos desfavorecidos.

 

Tenemos que reconocer que esta ley se mueve en un delicado equilibrio, entre el reconocimiento de derechos básicos para los inmigrantes (el derecho a la sanidad, a la escolarización o a disponer de servicios sociales básicos)y la necesidad de limitar el flujo de inmigrantes. O quizás busca el equilibrio en acoger e integrar a aquellos a los que les posibilitamos la situación de legalidad y aplicar la política del aislamiento social a aquellos ciudadanos que no entren por los puestos habilitados al efecto. El difícil equilibrio está entre documentar a los que se encuentran aquí y realizar una política de ordenación de los flujos, que generalmente se presentan como elementos contrapuestos.

 

La actual ley no permite a los inmigrantes en situación irregular la participación en asociaciones, sindicatos o manifestaciones, restándoles capacidad de respuesta ante una vulneración continuada, por parte del estado, de sus derechos básicos como ciudadano. La actual legislación impide a los sindicatos realizar una acción de denuncia ante situaciones de irregularidad y explotación laboral ya que el inmigrante que se encuentre trabajando cuando levante acta la inspección será expulsado del territorio a un país donde, en muchos de los casos, no se garantiza su integridad como persona.

 

La discriminación en el acceso al mercado laboral viene dada por la propia ley de extranjería al limitar la igualdad en el acceso al empleo con los nacionales, ya que para ellos esta limitado en la concesión del primer permiso a determinados sectores de producción y territorios, por lo que se van perfilando los llamados "empleos de inmigrantes". Las políticas globales derivadas de los acuerdos de los gobiernos en materia de inmigración desempeñan, desde Maastrich y Schengen hasta Tampere, el rol principal en el establecimiento de los límites que el espacio europeo está dispuesto a admitir en cuanto a la llegada de nuevas poblaciones de inmigrantes extracomunitarios, y contribuirán a diseñar claramente las preferencias por el origen de esta mano de obra.

 

No debe extrañarnos, pues, que la segregación sea la respuesta local en un contexto en el que las prácticas estatales establecen contingentes y campañas de trabajadores comunitarios y trabajadores extracomunitarios, dividiendo a éstos últimos, a su vez, entre “legales” e “ilegales”. En un entorno en el que los discursos proclaman las “ventajas” del turismo y los “peligros” de la inmigración, las pautas locales de segregación son un reflejo del diseño de unas políticas que tratan de conjugar la importación de mano de obra que necesita nuestro sistema económico, con la negación de los derechos de la misma.

 

La existencia en Canarias de una importante bolsa de población en situación de irregularidad genera el incremento de la falta de aplicación de la normativa laboral y de la existencia de condiciones de trabajo y vivienda claramente discriminatorias.

 

La temporalidad en los permisos de trabajo genera inestabilidad, inseguridad jurídica y el incremento de las dificultades para favorecer una adecuada integración social y cultural en las sociedades de acogida.

 

El desarraigo y la falta de grupo social de procedencia genera una desprotección que incrementa igualmente los factores de discriminación en comparación con los autóctonos en el acceso al puesto de trabajo.

 

La dependencia del precontrato para la obtención del permiso de trabajo o su renovación hace que el inmigrante acepte peores condiciones laborales que la población autóctona que no cuenta con estos requisitos legales.

 

La precariedad de las condiciones laborales arrastra consigo la precariedad en las condiciones generales de vida en lo relativo a la vivienda, la educación, la cultura, la participación en la vida asociativa, la reunificación familiar, etc.

 

El flujo migratorio de África, que se dirige al continente europeo es frenado en los consulados al negárseles los visados de turismo, residencia y/o trabajo en los consulados y posteriormente en el Estrecho y Canarias. Tras ser detectados y apresados en la frontera y ser encerrados durante cuarenta días en condiciones infrahumanas son puestos en libertad con una prohibición expresa de poder trabajar y salir de las islas, con una orden de expulsión en el bolsillo que en la mayoría de los casos no va a poder ser ejecutada.

 

No solo estos inmigrantes africanos sufren los rigores de esta política restrictiva. Ante la falta de métodos legales de entrada, los inmigrantes de otros territorios con escasos recursos económicos llegan a Canarias con un visado de turista, si es que se lo conceden, pasando a la irregularidad a los tres meses de su llegada por lo que si son detectados por la Administración se les emite una orden de expulsión. Otros pasan a la irregularidad después de tener un permiso porque no cotizaron el tiempo suficiente.

 

El costo social de la creación de este subtipo de extranjero es lamentable, por cuanto que la sensación de invasión, de inseguridad ciudadana, del miedo a la pérdida de la identidad autóctona, está acelerando la producción de xenófobos entre la ciudadanía. Se crea así una paradoja. Por un lado, el Estado dedica partidas para prevenir el racismo y la xenofobia, y por otro lado, el Estado genera, identificando al extranjero ilegal con el delincuente, un buen número de ciudadanos xenófobos, despilfarrando inútilmente los recursos destinados a la prevención del racismo y la xenofobia.

 

A pesar de que la distribución sectorial de los trabajadores inmigrantes coincide con la estructura del mercado de trabajo canario (no olvidemos que el mercado de trabajo en Canarias es un mercado de servicios), la población inmigrante está ocupada en ramas de actividad muy concretas y por lo general caracterizadas por peores condiciones de trabajo.

 

Se crean bolsas de trabajo específicas para inmigrantes. Puestas en marcha por diversas ONGs y financiadas por las distintas administraciones del Estado, producen discriminación positiva en la entrada para discriminar negativamente en la ocupación (salarios, horas de trabajo, escasa movilidad ascendente y movilidad de funciones, etc.).

 

Resumiendo podemos afirmar que la integración se dificulta por la existencia de un sistema xenófobo. La xenofobia institucional limita las posibilidades legales de cara a la integración del inmigrante. Se producen normativas que no abordan la integridad de una experiencia migratoria, sino la parcialidad que supone una supuesta y eventual agresión al orden público. Además, la ubicación de los diferentes aspectos derivados de la inmigración en el Ministerio del Interior relaciona la inmigración con la justicia y la delincuencia, dando lugar a una percepción amenazadora por parte de la opinión pública hacia el ciudadano inmigrado.

 

En general los trabajadores extranjeros son utilizados para reducir las condiciones laborales, siendo utilizados como reserva de la mano de obra que va a trabajar en cualquier condición. Este efecto disgrega al colectivo trabajador, haciendo que pierda fuerza en sus reivindicaciones generando actitudes xenófobas en el seno de las empresas.

 

A los grandes retos que nos plantea el fenómeno social de las migraciones en el siglo XXI, no le podemos dar respuestas de urgencia, no planificadas y solo de corte policial y de control de fronteras. Conjuntamente debemos garantizar las medidas que regulen la estancia, el acceso a los servicios, la ciudadanía, la participación democrática, la integración social y laboral, etc.

 

Basta un somero repaso de la Historia para evidenciar que precisamente los pueblos y ciudades más tolerantes, cosmopolitas y de marcado intercambio cultural, han constituido desde siempre las sociedades a la vanguardia del desarrollo y el progreso.

 

Debemos defender el derecho de las personas inmigrantes a ocupar cualquier puesto de trabajo en justa competencia con las autóctonas y rechazar cualquier discriminación que pueda producirse por causa del origen, la cultura o el color de piel de las personas. La única respuesta válida es que todos tenemos el mismo derecho a ocupar los puestos de trabajo. Es difícil entender de qué tipo de normativa o código ético se extrae que los puestos de trabajo que se generan en un país son para los ciudadanos miembros de ese estado. El derecho al trabajo no es propiedad del Gobierno sino de todos y todas los trabajadores y trabajadoras del planeta.

 

La inmigración forma parte de la libertad de las personas, por lo que atender a su avance o retroceso es circunstancial, si no atendemos a su inclusión, a la inclusión de lo diverso para hacer un resultante social y cultural sin preponderancia de unas sociedades sobre otras.

Pero no podemos quedarnos solamente con el análisis, el fenómeno de la inmigración requiere propuestas para la acción:

Es urgente desarrollar una auténtica Política de Cooperación Internacional al Desarrollo, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de esos países, defendiendo las libertades sociales y democráticas, desarrollando conjuntamente campañas destinadas a hacer conocer las realidades sociales, económicas y culturales de nuestros respectivos países, manteniendo una estrecha coordinación para combatir y denunciar las mafias tanto en los países de origen como en los de acogida.

 

En el marco legal: debemos exigir un marco jurídico y administrativo que garantice su legalidad, igualdad de derecho y seguridad, a través de una auténtica ley de derechos, libertades y de integración social de los extranjeros en nuestro país. Desarrollar el papel del Foro Canario de la Inmigración donde participan los agentes sociales, económicos y políticos, para obtener un análisis global de la situación, que permita coordinar las acciones y trasladar propuestas sobre políticas de integración hacia el colectivo. Contemplar una regulación de flujos como política activa de regularización de inmigrantes, que contemple un carácter permanente y restringido. Que sea un instrumento eficaz en la lucha contra el empleo irregular, que permita regular a las personas que se encuentran en nuestro territorio y una política de contingentes anuales que sirvan para canalizar el flujo de trabajadores/as extranjeros/as hacia nuestro país.

 

En el marco laboral: Es sabido que la discriminación laboral y la desigualdad de oportunidades perjudican al conjunto de la clase trabajadora, por ser empujados a la economía sumergida y a tener condiciones laborales inferiores que las establecidas en los convenios, desestructurando el mercado de trabajo y restando capacidad de intervención, mediación y negociación sindical. Por este motivo la lucha está en mantener una acción cotidiana en los centros de trabajo, participando en las campañas y actividades ciudadanas, e introduciendo cláusulas en la negociación colectiva: que contemplen igualdad de oportunidades en la contratación y promoción interna, y la igualdad de trato en todos los aspectos de la relación laboral, sin distinción alguna por razón de origen nacional, étnico o cultural, por cuestión de sexo, orientación sexual, condición física, psíquica o sensorial, creencias religiosa o color de piel; excluir en la contratación y promoción interna los requisitos no justificados por el puesto de trabajo; establecer mecanismos de vigilancia para que esto se cumpla; y recoger la diversidad cultural existente, en aspectos como el ejercicio de la libertad religiosa con relación a las vacaciones y permisos de días de descanso.

 

Cualquier medida aislada no puede atender con efectividad al fenómeno que nos ocupa, por lo que tenemos que hablar de integración social y ello exige cambios en la legislación, en las políticas de inmigración y medidas a realizar por las distintas administraciones, que contemplen aparte de los aspectos legislativos y laborales comentados anteriormente, medidas en el ámbito de la vivienda, la educación, la sanidad, etc. para alcanzar el orden, la paz social y la convivencia armónica de todas las personas que residen en Canarias.

 

Sin embargo para llevar a cabo todo esto, es obvio que se necesita un auténtico compromiso por parte de las administraciones tanto estatal como autonómica y local, y que éste sea concretado en una auténtica aportación económica, que vaya más allá de la intervención puntual y de la ayuda de emergencia, dotándonos de un auténtico soporte administrativo financiero que responda a la puesta en práctica de una auténtica Política de Inmigración.

En definitiva, un futuro de inclusión social, requiere propuestas que acaben con la discriminación. Hay que seguir presionando para que las administraciones de este país desarrollen una política integral sobre inmigración, que atienda las necesidades, y procuren el bienestar de todos las personas que residen en nuestro país.

 

De forma paralela, hemos de trabajar en el ámbito internacional, para la aplicación de los derechos laborales y sociales, situados en el mismo marco Universal de los Derechos Humanos, en pro de la equiparación de derechos de todos los habitantes del planeta (especialmente en los sistemas públicos de protección social, en las condiciones laborales y en la prohibición del trabajo infantil), reivindicando una redistribución mundial más justa a partir de otros modelos de desarrollo alternativo.

 

“La Inmigración en España. Retos y Propuestas”. Miguel Pajares. Ed. Icaria & Antrazyt. Barcelona. 1998.